Sin embargo, para rematar la cadena de irregularidades con la que se maneja desde hace años el sistema ferroviario en la Argentina, no hay póliza de seguros que cubra semejante siniestro, por lo que se desconoce cómo se enfrentarán las demandas. TBA tiene contratado un siniestro que cubre hasta 2 millones de pesos por accidente, tal como lo estableció el contrato de concesión.
El Estado debía proveer un seguro por encima de ese monto. Jamás se contrató póliza alguna y, por lo tanto, nadie cubre más allá de esos 2 millones. La precariedad se deja ver no sólo en trenes, vías, estaciones y sistemas de señalización. Los expertos afirman que también el entramado jurídico que sostiene el esquema de transporte ha sido víctima, en primer lugar, de la crisis de 2001 y 2002, y, después, de la falta de controles. El incumplimiento del Estado se remonta a principios de 2001. Entonces, TBA y el Estado firmaron una adenda mediante la que se modificaban partes del contrato de concesión del servicio ferroviario de pasajeros. El decreto 104, publicado el 25 de enero de 2001, le dio validez al documento de 102 páginas al que LA NACION tuvo acceso. En su artículo 18 se detalla cómo sería el esquema de "seguros, garantías y fianza". "El Concesionario [TBA] tomará a su cargo un seguro de responsabilidad civil (...) hasta la finalización de la Concesión, por la suma en moneda argentina de curso legal equivalente a dos millones de dólares estadounidenses por siniestro", expone el artículo 18.2 de la adenda. Sucedió que un año después los contratos se pesificaron y esos dos millones de dólares se convirtieron en pesos. Y desde entonces jamás se actualizó esa suma. La inflación escaló a valores de tres cifras, pero el Estado jamás se detuvo a rever esos contratos. La emergencia económica, que incluyó la ferroviaria y que se dictó en 2002, suspendió los efectos de esos acuerdos y desde entonces el kirchnerismo jamás los renegoció.
Los trenes, como la mayoría de los servicios públicos, no tienen contratos renegociados después de pasados más de 10 años de la crisis económica. SIN CERTEZAS Pero la mayor sorpresa quizá sea la que se esconde en otro párrafo del artículo 18.2. "Correrá por cuenta del concedente la contratación del seguro y pago del premio respectivo por sobre dicho límite, sin que ello importe modificación de la legislación vigente en materia de responsabilidad civil", dice la norma. ¿Qué significa? Que por encima de esos dos millones de pesos, que antes fueron dólares, será el Estado el que tenga que poner a disposición de los usuarios una póliza de seguros. Nunca se contrató nada. LA NACION intentó comunicarse con la Secretaría de Transporte, ahora manejada por el ex intendente de Granadero Baigorria Alejandro Ramos. El nuevo funcionario, además de haber heredado todo el equipo con el que contaba el ex secretario Juan Pablo Schiavi, también mantuvo la misma postura: silencio total ante las consultas periodísticas. Mientras el Estado prefirió no contratar ningún seguro, TBA compró una póliza de seguros a la empresa Liderar por dos millones de pesos por accidente, con una franquicia de 1,8 millones. Por ella, según averiguó LA NACION, paga una prima anual de 800.000 pesos. Liderar, según el ranking que elabora la revista especializada Estrategas , figura en el puesto 29° entre las compañías de seguros de la Argentina. A diciembre de 2011 emitió pólizas por 323 millones de pesos, muy por debajo de los 1700 millones de emisión de La Caja, la principal aseguradora argentina, o de los 1551 millones de Federación Patronal, la que le sigue en el ranking. Según cuentan en el sector, la compañía jamás pudo reasegurar este contrato, ya que el riesgo de asegurar una actividad como la ferroviaria en la Argentina es muy grande. Ferrovías, concesionaria de la línea Belgrano Norte, un ramal con muchos menos problemas de infraestructura, es la que tiene la póliza más importante. Contrató un seguro por 18 millones de pesos por accidente. Liderar es una empresa de capitales argentinos. Según datos oficiales, la principal cantidad de acciones las tiene la familia Ortolano (Antonio, Franco y Gabriel), con el 57% de las acciones. El resto está atomizado. María Ercilia Alvarez, Patricia Rodríguez y Nidia Espejo tienen el 5% cada una; Silvia Diéguez y María Bugliotti tienen el 10% de las acciones, y Amelio y Adelaida Espejo suman otro 10%, con la mitad de ese porcentaje cada uno. Hoy, para hacer frente a las demandas, hay quienes hablan de la constitución de un fondo que será financiado con los débitos y créditos cruzados entre el Estado y la empresa y cuyo destino será pagar los juicios por venir. Pero nadie sabe a ciencia cierta cómo se pagará. La única certeza es que se inicia ahora una danza de millones. Y como dijo un hombre que está muy relacionado con el mundo ferroviario: "La noche del accidente hubo abogados que brindaron con champagne". La tragedia, claro está, no pegó a todos por igual.
FUENTE : LA NACION
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