Ricardo Jaime manejó durante seis años la Secretaría de Transporte de la Nación, entre 2003 y 2009, y todos los negocios que pasaron por allí. De ahí surgió la causa en su contra por corrupción, y en la que el juez federal Claudio Bonadío ordenó su detención.
El magistrado le imputó al ex funcionario kirchnerista los delitos de defraudación a la administración pública y abuso de autoridad por un negocio realizado en el ferrocarril Belgrano Cargas.
La acusación se inició en 2009 con una denuncia de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas y tiene origen en las irregularidades de un contrato millonario que la Secretaría de Transporte firmó con la empresa “Luis Carlos Zonis”, para el retendido y reparación de ese servicio desde San Miguel de Tucumán a la ciudad de Concepción.
Como anticipó Infobae, en la Secretaría de Transporte tardaron apenas 48 horas en autorizar, allá por fines de 2003, la realización de la obra. Fue Jaime quien autorizó, a través de la nota número 542 de la secretaría, la obra al Belgrano Cargas por un monto inicial de 4 millones de pesos y le adelanta la mitad del dinero.
Posteriormente, el Belgrano Cargas llamó a licitación y le otorgó el negocio a la empresa Zonis que había valuado la obra en 8 millones de pesos.
Por el monto, el contrato tenía que pasar los controles del área de Planificación, pero extrañamente el precio bajó a 7.990.000 pesos. La Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) confirmó el precio y la obra comenzó avanzado el 2004.
A medida que avanzaba la obra la empresa Zonis le facturaba a Belgrano Cargas y, a su vez, el ferrocarril le facturaba a la Secretaría de Transporte. Los pagos sumaban 5 millones de pesos cuando cambió la operadora y SOESA (Sociedad Operadora de Emergencia S.A.) se hizo cargo.
Jaime, que manejaba por entonces los millonarios subsidios y los contratos de un área con muchísimos recursos, le reclamó a SOESA que saldara la deuda de Zonis y la nueva operadora pagó 2.000.000 de pesos más y con eso alcanzó la cifra de 8 millones. Pero misteriosamente habían desaparecido los dos millones que Jaime había otorgado de adelanto al Belgrano Cargas cuando comenzó la obra.
La carta de Jaime no estaba dentro del expediente de la licitación cuando fue secuestrado el material por la Justicia. Sin embargo, fue aportada a la causa por las empresas integrantes de SOESA buscando si deslindaban responsabilidades acerca del pago.
Los investigadores sospechan que la carta se hizo luego de que comenzara la investigación judicial para intentar justificar los dos millones de más que se le pagaron a Zonis, por eso no estaba en el expediente que la Justicia tenía en su poder.
Por esa defraudación, además de Jaime están imputados y tendrán que declarar el gremialista José Pedraza, los dueños de la empresa Zonis, la esposa del sindicalista preso, Graciela Coria, que presidía la sociedad del Belgrano Cargas.
Además están los integrantes del directorio de esa sociedad, los que formaban SOESA –ejecutivos de los grupos Emepa, Roggio y Macri y de un operador chino ligado al comercio de granos–.
También serán indagados Néstor Ulloa –involucrado en el caso Skanska– y Raúl Garré, hermano de la ministra de Seguridad Nilda Garré, ambos síndicos, titular y suplente, respectivamente, del Belgrano Cargas.
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