El secretario general de la CGT, Hugo Moyano, convocó para mañana a una reunión con las autoridades de las obras sociales de los gremios alineados con su sector con el fin de activar una demanda judicial por la millonaria deuda que el Estado mantendría con esas prestaciones médicas.
El camionero apunta a que del encuentro surja un consenso para iniciar una estrategia judicial contra el Estado por el retraso en el pago de reintegros de la ex Administración de Programas Especiales (APE) por los tratamientos de alta complejidad.
Pero no será el único reclamo. Moyano exige la distribución de los casi $14.000 millones acumulados en el Fondo Solidario de Redistribución (FSR), que considera que corresponden a las prestadoras médicas de los gremios.
En la reunión del martes pasado del consejo directivo de su CGT, el camionero anticipó la decisión de su gremio de recurrir a la vía judicial para destrabar el reparto de esos recursos y pidió que otras organizaciones se plieguen a esa estrategia.
Ayer, el jefe de la Unión de Trabajadores Rurales (Uatre), Gerónimo Venegas, advirtió que la CGT que conduce Moyano "recurrirá a la Justicia" si el Gobierno no escucha sus reclamos y anunció que la central recorrerá el interior para difundir los 21 puntos con sus pedidos al oficialismo.
La disolución de APE
El 19 de julio último, a través del Decreto 1198/2012, la presidente Cristina Kirchner dispuso que la Administración de Programas Especiales (APE) sea absorbida por la Superintendencia de Servicios de Salud, perdiendo así la condición de organismo independiente que ya funcionaba desde marzo bajo la órbita del ente que dirige Liliana Korenfeld.
La APE manejaba una caja millonaria, ya que tenía a su cargo el reintegro a las obras sociales sindicales de los fondos por operaciones e intervenciones de alta complejidad.
La supuesta deuda por sumas atrasadas que mantendría ese ex organismo es uno de los principales reclamos que Moyano hizo cuando decidió enfrentarse al Gobierno.
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