“Seduciendo al capital.” El Partido de los Trabajadores de Dilma y Lula no cuenta con una marchita que lo identifique (en los mitines petistas a veces suena una grabación medio destartalada de la Internacional), pero la consigna con que se abre esta nota ayuda para resumir el programa de concesiones de obras de infraestructura al sector privado por 66.500 millones de dólares anunciado ayer en el Palacio del Planalto ante el júbilo de varios empresarios y los aplausos medidos de la dirigencia sindical.
“Brasil ofrece extraordinarias oportunidades para los inversores porque es un país con estabilidad económica e institucional” y las concesiones de carreteras y ferrovías son “muy atractivas en términos de rentabilidad”, además de que este gobierno garantiza un “riguroso respeto a los contratos”, prometió Dilma Rousseff. “Estamos iniciando una nueva etapa de nuestro modelo de desarrollo ... iniciado en 2003 ... (diseñado) para tener un país más rico, más fuerte y con una infraestructura que esté a la altura de nuestro tamaño. Queremos acortar las distancias de un país continental.”
El plan contempla inversiones por 133.000 millones de reales (66.500 millones de dólares) en los próximos 25 años, para la duplicación de 7500 kilómetros de carreteras y la implementación de 10.000 kilómetros de ferrovías en un país que, en esto coinciden todos los analistas, presenta un serio desfasaje entre su infraestructura y su capacidad productiva.
El monto de las concesiones y la envergadura de las obras son impactantes, más aún si se repara en el hecho de que estos anuncios corresponden apenas al primero de los tres programas –los otros dos serán conocidos durante este mes y en septiembre– que incluyen la cesión de aeropuertos, puertos e hidrovías, según lo adelantó la presidenta.
Al cumplir veinte meses en el gobierno, Dilma confirmó ser una administradora de estilo gerencial y pragmática, resuelta a adoptar las medidas que sean necesarias para impedir que la economía se desplome por completo luego de un 2011 en el que se creció sólo el 2,7 por ciento y un primer semestre de 2012 con un avance del PIB menor al uno por ciento.
La primera batalla de su gestión, que es la tercera consecutiva del Partido de los Trabajadores (después de dos mandatos de Lula), fue reducir tasas de interés muy altas y poner en caja a los banqueros y los capitales especulativos para alentar la inversión productiva, lo cual mereció la aprobación de la Central Unica de los Trabajadores y los industriales. Pero los resultados de esa política contra la especulación y las decenas de miles de millones de dólares de incentivos dados al empresariado industrial en el último año no rindieron los frutos esperados por la jefa de Estado, quien al verse cercada por la anemia económica interna y la crisis externa optó por este plan bastante ortodoxo que tiene como meta alcanzar un crecimiento “constante en torno del 4,5 al 5 por ciento”. “¿Para qué? Para garantizar el empleo”, le respondió Rousseff a un grupo de periodistas que la abordó después de la ceremonia en uno de los salones del Palacio.
Cuando le preguntaron si estas concesiones de rutas y ferrovías a capitales nacionales y extranjeros son lo mismo que las privatizaciones que caracterizaron la gestión del ex presidente socialdemócrata Fernando Henrique Cardoso (1994-2002), Dilma subió el tono y cargó: “Plantear el tema así es instalar un debate absolutamente falso, lo que yo estoy haciendo es tratar de arreglar algunos equívocos cometidos en las privatizaciones (de la era Cardoso)... Esto que hacemos ahora es un rescate de la participación de la inversión privada, pero también estamos fortaleciendo las estructuras de planificación del Estado”. Para Dilma y Lula “privatizar” es el estigma de los ’90 y la revitalización del Estado, el signo de la recuperación que tipificó a la década pasada cuando el PT llegó al gobierno.
Desde ayer se instaló en Brasilia un interrogante que sólo será despejado con el correr de los meses: ¿La crisis y las presiones empresariales lograron torcerle el brazo a la presidenta y le impusieron una política económica de sesgo privatizante?
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