El ministro del Interior y Transporte, Florencio Randazzo instruyó al secretario de Transporte, Alejandro Ramos, para que frene los pagos a quien supervisaba la tarjeta magnética: la Unión Transitoria de Empresas. El funcionario dio además intervención a la SIGEN.
El Gobierno suspendió ayer "la ejecución del contrato y de los pagos a la Unión Transitoria de Empresas (UTE) que llevaba adelante la supervisión de la tarjeta SUBE", informó la cartera de transporte a través de un comunicado.
Asimismo, dio "intervención a la Sindicatura General de la Nación para que en el marco de de sus competencias analice dicha contratación, sus alcances y las medidas que correspondan tomar al respecto".
Del mismo modo, la Ministerio pedirá la colaboración de la Auditoría General de la Nación para que trabaje "en el mismo sentido que la SIGEN". "Hasta tanto se defina el futuro de ese contrato, el equipo de informática del ministerio del Interior y Transporte se encargará de supervisar la aplicación de la tarjeta SUBE", señaló el Ministerio del Interior y Transporte en la nota. Desde varios medios periodísticos se había denunciado irregularidades en esa UTE.
La investigación del Diario La Nación
A raíz de una investigación exclusiva del Diario La Nación, el ministro del Interior ordenó suspender la ejecución del polémico contrato de 65 millones de pesos que investiga la Justicia.
El ministro del Interior, Florencio Randazzo instruyó al secretario de Transporte, Alejandro Ramos, que suspenda la ejecución del contrato y de los pagos al consorcio integrado por Global Infrastructurae (GI), Ingeniería en Relevamientos Viales (IRV), Iatasa y González Fischer y Asociados (GFA).
La supervisión de la SUBE le costó al Estado 10 millones de pesos más como consecuencia de un sospechado proceso de licitación. Además, La Nación reveló que la Secretaría de Transporte contrató a ex asesores de la cartera. También que GI, la empresa inglesa que lidera el consorcio, no tenía oficinas en Buenos Aires ni sede central en su país de origen. La firma fue creada después de comenzada la licitación.
Las irregularidades no se limitaron al proceso de la licitación. Durante la investigación periodística se comprobó que uno de los principales beneficiarios del contrato no tenía oficinas en Buenos Aires ni en Gran Bretaña (domicilio legal de la firma). Además, una supuesta empleada, Marcela Ashley, le confirmó a La Nación que, pese a figurar en los documentos con un sueldo de un millón de pesos, nunca se enteró ni cobró un centavo.
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