El Gobierno negocia con sindicalistas afines una modificación en el reparto de fondos para las obras sociales. La toma del control absoluto de esos recursos por parte de funcionarios que sólo reportan a Cristina de Kirchner, la semana pasada, encendió las luces de alarma en el sector gremial, que desde entonces reactivó los contactos para acordar una reestructuración. La iniciativa prevé la intervención directa del Estado en la distribución de drogas de alto costo y en el pago de los tratamientos médicos más complejos, uno de los principales desvelos financieros de los sindicalistas.
El proyecto avanza en estricta reserva en medio de los cruces verbales entre Hugo Moyano y la jefa de Estado, y del creciente protagonismo del metalúrgico Antonio Caló en búsqueda de ponerse al frente de una nueva CGT más amigable con el Gobierno. Los protagonistas de la negociación explicaron que con los cambios previstos, el camionero perderá una de sus banderas principales para hostigar al Ejecutivo: el progresivo desfinanciamiento de las obras sociales sindicales.
Según pudo saber este diario, el proyecto apunta a que sea el Estado -y no las organizaciones de salud de los gremios- el encargado de reintegrarles de manera directa a los pacientes el costo de los tratamientos médicos por enfermedades complejas. Para ello se trabaja en la posibilidad de crear un registro de beneficiarios de obras sociales con enfermedades crónicas como VIH-sida, hemofilia, cáncer o transplantados.
Hasta ahora, las entidades sindicales debían darles las prestaciones a esos pacientes y luego presentar carpetas ante la Administración de Programas Especiales (APE) para aguardar el reembolso de lo pagado. La queja de los sindicalistas -de todos los sectores- es que la APE suele reconocer sólo una parte del costo y pagarlo con meses de demora, lo que de acuerdo con el planteo genera baches financieros difíciles de cubrir.
La semana pasada, Cristina de Kirchner resolvió por decreto que la APE, históricamente bajo el manejo de abogados ligados a los sindicatos, fuese absorbida por la Superintendencia de Servicios de Salud, desde este mes a cargo de la exdiputada santacruceña Liliana Korenfeld, de la máxima confianza de la mandataria.
Con los $ 1.400 millones de presupuesto anual y la estructura del organismo concentrados en la misma funcionaria, desde el sector gremial de los«independientes» activaron los contactos para agilizar el proyecto de modificación en el reparto de fondos. De hecho, la iniciativa había sido negociada el año pasado con el anterior jefe de la Superintendencia, Ricardo Bellagio, pero la buena relación del funcionario con los gremios obligaba a pasar todos sus proyectos por varios filtros en el Ejecutivo. Los dirigentes creen que ahora con Korenfeld será más inmediata la tramitación.
Además de los reintegros de manera directa, la iniciativa contempla la centralización por parte del Estado de las compras de medicamentos de alto costo. Se trata de un aspecto sensible no sólo por el impacto económico que estas operaciones generan en las obras sociales sino -sobre todo- por los efectos de las causas judiciales por la denominada «mafia de los medicamentos».
Desde que estalló ese escándalo, que derivó en la detención por dos años del sindicalista bancario Juan José Zanola, los reembolsos por compras de drogas se dilataron y restringieron mucho más. Como informó este diario, en los cuatro meses que pasaron desde que asumió Korenfeld en el área de salud en marzo pasado, la APE reintegró apenas 65 millones de pesos cuando el promedio para ese período debería ser de unos $ 500 millones.
Los gremialistas consultados lo explicaron de una manera sintética: no es negocio para ellos costear tratamientos caros para después obtener sólo una parte de lo pagado, y encima tarde, y adicionalmente quedar bajo la lupa de la Justicia. Omiten aclarar, en general, que varios de ellos están sospechados de haber fraguado expedientes ante la APE para percibir reembolsos por prácticas médicas no realizadas.
Los «independientes» de la CGT, Gerardo Martínez (albañiles, UOCRA), Andrés Rodríguez (estatales, UPCN) y José Luis Lingeri (Obras Sanitarias) son los dirigentes con vínculo más fluido con la Casa Rosada, y los encargados de activar el proyecto con los responsables del área de Salud. En ese sector alegan que estaban al tanto de la absorción de la APE por parte de la Superintendencia pero reconocieron que no sabían que la medida incluiría el desplazamiento de la mayor parte de la plantilla de funcionarios que reportaban a Bellagio, con quienes mantenían diálogo frecuente.
El proyecto avanza en estricta reserva en medio de los cruces verbales entre Hugo Moyano y la jefa de Estado, y del creciente protagonismo del metalúrgico Antonio Caló en búsqueda de ponerse al frente de una nueva CGT más amigable con el Gobierno. Los protagonistas de la negociación explicaron que con los cambios previstos, el camionero perderá una de sus banderas principales para hostigar al Ejecutivo: el progresivo desfinanciamiento de las obras sociales sindicales.
Según pudo saber este diario, el proyecto apunta a que sea el Estado -y no las organizaciones de salud de los gremios- el encargado de reintegrarles de manera directa a los pacientes el costo de los tratamientos médicos por enfermedades complejas. Para ello se trabaja en la posibilidad de crear un registro de beneficiarios de obras sociales con enfermedades crónicas como VIH-sida, hemofilia, cáncer o transplantados.
Hasta ahora, las entidades sindicales debían darles las prestaciones a esos pacientes y luego presentar carpetas ante la Administración de Programas Especiales (APE) para aguardar el reembolso de lo pagado. La queja de los sindicalistas -de todos los sectores- es que la APE suele reconocer sólo una parte del costo y pagarlo con meses de demora, lo que de acuerdo con el planteo genera baches financieros difíciles de cubrir.
La semana pasada, Cristina de Kirchner resolvió por decreto que la APE, históricamente bajo el manejo de abogados ligados a los sindicatos, fuese absorbida por la Superintendencia de Servicios de Salud, desde este mes a cargo de la exdiputada santacruceña Liliana Korenfeld, de la máxima confianza de la mandataria.
Con los $ 1.400 millones de presupuesto anual y la estructura del organismo concentrados en la misma funcionaria, desde el sector gremial de los«independientes» activaron los contactos para agilizar el proyecto de modificación en el reparto de fondos. De hecho, la iniciativa había sido negociada el año pasado con el anterior jefe de la Superintendencia, Ricardo Bellagio, pero la buena relación del funcionario con los gremios obligaba a pasar todos sus proyectos por varios filtros en el Ejecutivo. Los dirigentes creen que ahora con Korenfeld será más inmediata la tramitación.
Además de los reintegros de manera directa, la iniciativa contempla la centralización por parte del Estado de las compras de medicamentos de alto costo. Se trata de un aspecto sensible no sólo por el impacto económico que estas operaciones generan en las obras sociales sino -sobre todo- por los efectos de las causas judiciales por la denominada «mafia de los medicamentos».
Desde que estalló ese escándalo, que derivó en la detención por dos años del sindicalista bancario Juan José Zanola, los reembolsos por compras de drogas se dilataron y restringieron mucho más. Como informó este diario, en los cuatro meses que pasaron desde que asumió Korenfeld en el área de salud en marzo pasado, la APE reintegró apenas 65 millones de pesos cuando el promedio para ese período debería ser de unos $ 500 millones.
Los gremialistas consultados lo explicaron de una manera sintética: no es negocio para ellos costear tratamientos caros para después obtener sólo una parte de lo pagado, y encima tarde, y adicionalmente quedar bajo la lupa de la Justicia. Omiten aclarar, en general, que varios de ellos están sospechados de haber fraguado expedientes ante la APE para percibir reembolsos por prácticas médicas no realizadas.
Los «independientes» de la CGT, Gerardo Martínez (albañiles, UOCRA), Andrés Rodríguez (estatales, UPCN) y José Luis Lingeri (Obras Sanitarias) son los dirigentes con vínculo más fluido con la Casa Rosada, y los encargados de activar el proyecto con los responsables del área de Salud. En ese sector alegan que estaban al tanto de la absorción de la APE por parte de la Superintendencia pero reconocieron que no sabían que la medida incluiría el desplazamiento de la mayor parte de la plantilla de funcionarios que reportaban a Bellagio, con quienes mantenían diálogo frecuente.
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