La fábrica de vagones Emprendimientos Ferroviarios (EMFER), que la Justicia allanó la semana pasada por el hallazgo de restos de documentación y pruebas que habrían sido incineradas intencionalmente por sus dueños, los hermanos Cirigliano (ex TBA), retomará en los próximos días la producción de coches doble piso nuevos para el Ferrocarril Sarmiento y la reparación de los viejos modelos que aún circulan por los ramales del Mitre. Así lo prometió ayer a delegados de sus 350 operarios el subsecretario de Transporte Ferroviario, Antonio Luna, quien dio a entender que el taller seguirá por ahora en manos de los controvertidos ex concesionarios del tren que se estrelló en Once, aunque bajo una supervisión más estricta por parte del Estado.
Los trabajadores de EMFER se movilizaron ayer por la mañana a Plaza de Mayo para manifestarse frente a la Casa Rosada, donde tiene su despacho Florencio Randazzo, flamante ministro del Interior y Transporte. Luego de la movilización, Luna se reunió con cuatro delegados del personal y les manifestó que el taller ubicado en el partido de San Martín, sobre un predio que perteneció históricamente a Fabricaciones Militares, es “una empresa estratégica y fundamental para el proyecto del Gobierno de recuperar el ferrocarril”.
La planta tiene sus tareas prácticamente paralizadas desde la tragedia de Once. Desde antes del choque que mató a 51 personas, los Cirigliano reclamaban la actualización de los contratos para la construcción de los coches doble piso firmados en el 2006, cuyos precios quedaron fuera de presupuesto por la inflación. Pero tras el desastre de la estación, empezaron a demorar los pagos de las quincenas al personal y también la aplicación de la paritaria de la UOM, el gremio que agrupa a sus operarios.
Luna se comprometió a apurar la renegociación de esos contratos y a inyectar fondos para que la empresa abone las quincenas caídas, las horas extras adeudadas y el retroactivo contenido en el convenio de la UOM, según comentó a el delegado Pablo Barberán. A cambio, los trabajadores prometieron no volver a cortar la General Paz, como hicieron el martes pasado.
El funcionario, que proviene del sindicato de maquinistas La Fraternidad, mostró a los delegados varios cheques por más de $2,5 millones que el Estado entregará en los próximos días a Cometrans, la empresa de los Cirigliano que sigue siendo dueña del taller. Así, el grupo que también continúa administrando más de treinta ramales de colectivos no podrá seguir argumentando “falta de fondos” para demorar los pagos. En los próximos meses resta que el Gobierno decida quién se hará cargo de la fábrica definitivamente, que les servía a los Cirigliano mientras tenían la concesión de TBA, pero que quedó en un limbo productivo desde que la concesión fue revocada y entregada a los grupos Roggio-Metrovías y Romero-Ferrovías, que cuentan con sus propios talleres.
La semana pasada, al declarar como imputado en la causa que investiga la tragedia de Once, Luna dio una versión del choque idéntica a la de los ex concesionarios, y coincidió con ellos en responsabilizar al maquinista Marcos Córdoba. Pero ayer, ante los delegados, tomó distancia de los dueños del Grupo Plaza. “Yo también estoy imputado en la causa, pero yo no escondí ningún archivo”, les dijo.
La planta de EMFER ganó notoriedad pública la semana pasada, cuando este diario publicó en exclusiva fotos tomadas por los operarios de varios volquetes llenos de documentación quemada en su caldera. La Justicia sospecha que parte de esa documentación contiene las pruebas que la fiscalía de Federico Delgado quería investigar para seguir la ruta de los subsidios estatales que cobró TBA durante los últimos años y que podría haber desviado a otros negocios
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