Así lo determinó la Cámara Federal porteña. De esta forma, los ex secretarios de Transporte, Juan Pablo Schiavi y Ricardo Jaime, siguen procesados junto a los empresarios de TBA, Mario y Sergio Cirigliano. Por otra parte, el tribunal también procesó al maquinista Marcos Antonio Córdoba, y al ex titular de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte, Eduardo Sícaro, quienes habían sido sobreseídos en la causa.
La Cámara Federal porteña ratificó los procesamientos contra los ex funcionarios Ricardo Jaime y Juan Pablo Schiavi y los empresarios Sergio y Mario Cirigliano por la tragedia de Once, que el 22 de febrero pasado le costó la vida a 51 personas y heridas a otras 800.
El tribunal de feria procesó, además, al maquinista Marcos Antonio Córdoba, y al ex titular de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte, Eduardo Sícaro, quienes estaban sobreseídos en la causa. La justicia modificó además la calificación legal por la de "estrago culposo y administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública". Para la Cámara, "no caben dudas en cuanto a que (los ex funcionarios) se encontraban en cabal conocimiento de los términos contractuales y de las graves deficiencias que rodeaban la prestación del servicio por parte de Trenes de Buenos Aires (TBA), pese a lo cual permitieron su continuidad sin adoptar medida alguna tendiente a modificar la vergonzosa realidad".
Sobre Córdoba, el fallo evalúa que "más allá del estado de la formación o incluso a partir de ello, en derredor del nombrado se alzan una serie de constancias que impiden sostener que actuó con la diligencia debida en la conducción de la formación". A Sícaro, en tanto, le cuestiona que "a tenor de sus concretas facultades -entre las que se encontraba la posibilidad de disponer la suspensión preventiva del servicio-, no hubiese adoptado otras tantas decisiones concretas y efectivas para evitar que una formación saliera a las vías en las condiciones en que se encontraba el tren" siniestrado en Once.
La tragedia fue consecuencia, según los camaristas Horacio Cattani, Martín Irurzun y Eduardo Farah, de "una concatenación de eventos" en la que se combinaron "una negligencia en la conducción y el estado del tren siniestrado". El fallo dispuso confirmar los procesamientos y también mantener las libertades de los empresarios tanto de Trenes de Buenos Aires (TBA) y de su controlante, Cometrans; de los ex funcionarios Jaime, Schiavi, Antonio Luna y el también ex titular de la CNRT Pedro Ochoa Romero, todos por una misma figura delictiva, "estrago culposo y administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública". Además, la Cámara impuso embargos a los imputados por 600 millones de pesos.
El fallo extiende el espectro de la investigación a "todos los demás secretarios y subsecretarios de la Secretaría de Transporte y de la Comisión Nacional de Regulación de Transporte que se desempeñaron desde el inicio de la concesión pero que no fueron incluidos en la pesquisa", y recomienda a Bonadío que "avance hacia el juicio oral para posibilitar que la decisión jurisdiccional que defina el hecho y sus responsabilidades llegue en tiempo oportuno".
Los camaristas cuestionaron con severidad la forma en que TBA brindaba el servicio concesionado, en especial la "particular forma de asignación de los turnos, una informal comunicación con los puestos de control a través de la cual se transmiten inconvenientes de toda magnitud -desde necesidades de aseo en los vagones hasta dificultades con los frenos-, que a su vez son resueltos con el mismo nivel de precariedad, dejan ver que lo que algunos consideran desprolijidades, son en realidad formas inadecuadas y peligrosas de gerenciamiento".
Además, incluye un reproche a las autoridades públicas y los empresarios que acceden a servicios como el ferroviario a extremar los recaudos para garantizar el adecuado funcionamiento: "Se espera de quienes tienen a su cargo la responsabilidad de transportar pasajeros se involucren con las condiciones en que deben desarrollar la tarea adoptando un compromiso acorde a la función en respeto a la vida propia y ajena".
En ese contexto, el fallo encomienda a la Secretaría de Transporte que convoque a una instancia de diálogo, de la que deberán participar los trabajadores, porque "sólo mediante la asunción seria de las funciones que a cada uno le toca puede obtenerse lo que la sociedad en su conjunto, y legítimamente, reclama" sobre el servicio ferroviario. El veredicto exige además al Estado que "brinde apoyo y contención a las víctimas y familiares del choque ferroviario, previendo y disponiendo de todos los medios adecuados para darles integral asistencia".
1 comentario:
Que democrático lo de HESES DE ARGENTINA,si el comentario no le es favorable no te lo suben!! Será que están poniendo en práctica la doctrina militar donde censuraban lo que no querían que se sepa???? SABES QUE LANDA!!! CERRA ESA PÁGINA QUE NO SIRVE PARA NADA Y PONETE UNA VERDULERIA!!!!!!
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