50 Y 50 II

LA CENTRAL OBRERA APOYO LA PROPUESTA DE DISTRIBUIR LAS GANANCIAS Marcha de la CGT al Congreso El anteproyecto elaborado por Héctor Recalde llegaría mañana al Parlamento y, según se espera, tendría tratamiento en comisiones la semana próxima. “Faltan detalles técnicos”, aseguran, pero mereció el respaldo unánime en la CGT. El consejo directivo de la CGT aprobó por unanimidad el proyecto de ley que busca garantizar la participación de los trabajadores en las ganancias empresarias. La iniciativa que impulsa el diputado Héctor Recalde será presentada mañana en el Congreso, ya que todavía restan definir los últimos detalles técnicos. En la reunión que mantuvieron los dirigentes sindicales también analizaron los principales lineamientos de la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central para incluir la creación de empleo y el crecimiento económico en sus objetivos. Con un registro menos beligerante que el desplegado la semana pasada por el presidente de la UIA, Héctor Méndez, el establishment industrial reiteró sus cuestionamientos a la medida para distribuir una porción de la rentabilidad empresaria entre los asalariados. En los últimos días el proyecto de ley que presentará Recalde, acompañado por un conjunto de legisladores vinculados con el sindicalismo, fue ganando adhesiones y entusiasma a la gente de Hugo Moyano. A las declaraciones de apoyo de los distintos ministros del gobierno nacional, el ex presidente Néstor Kirchner y la bancada del Frente para la Victoria en la Cámara baja que encabeza Agustín Rossi, se sumaron algunos de los diputados de la centroizquierda, como el GEN de Margarita Stolbizer o el legislador Eduardo Macaluse. Este último presentó a comienzos de año un proyecto similar junto con representantes de Proyecto Sur. En la central sindical estimaron que la iniciativa de Recalde recibiría tratamiento legislativo la próxima semana. “Es muy importante avanzar porque es un derecho constitucional que no se aplica”, sostuvo el secretario de Derechos Humanos de la CGT, Julio Piumato, quien recordó que desde 1957 “existieron distintos proyectos del socialismo y la UCR, este último en 1986, que nunca lograron llevarse a la práctica. Este es un buen momento para iniciar el debate que les va a sacar las caretas a muchos”, señaló el secretario general del gremio de judiciales. Los dirigentes de la UIA expresaron su rechazo al proyecto desde la semana pasada, cuando el presidente de la entidad asoció, alarmado, la medida a la política económica del socialismo cubano y reclamó al Gobierno “que ponga límites a la avanzada del apriete”. Ayer, la cúpula empresaria reiteró su posición con un lenguaje menos confrontativo, al señalar que el proyecto “va a atentar contra la inversión y la producción, fomentando el aumento de la economía informal, con resultados contrarios a los que se proclaman”. En la CGT cuestionan que el establishment prejuzgue la medida antes de conocer el proyecto, y recuerdan que no sólo países como Brasil, Canadá, Alemania, México y Perú poseen este tipo de mecanismos, sino que también existen antecedentes locales en la fabricante de neumáticos Firestone. A su vez, aseguran que la medida no perjudica a las empresas que tengan beneficios ni desalienta sus inversiones, ya que la porción de las ganancias que reinvierten los empresarios no se toman en cuenta para participar. En ese sentido, el secretario de Formación y Capacitación de la CGT, Juan Carlos Schmid, apuntó a este diario que “es un instrumento muy poderoso para mejorar la distribución del ingreso. Se trata de una herramienta más que viene a acompañar la negociación salarial, que va a fortalecer al mercado interno y también a impulsar las inversiones”. Todavía no se conocen los detalles del proyecto que cuenta con un extenso articulado, pero Recalde sostuvo que la distribución anual de las ganancias entre los trabajadores será un proceso gradual: comenzará a aplicarse en las empresas de más de 300 empleados y se irá extendiendo al resto de las firmas progresivamente. Además, contempla la creación de un fondo solidario donde irán a parar alrededor del 5 por ciento de los recursos totales a participar, que buscará brindar una cobertura a los trabajadores en empleos informales. Los pormenores que no defina la ley serán resueltos por un consejo tripartito.