martes, 12 de marzo de 2013

PROPONEN UNA TARIFA SOCIAL PARA EL SUBTE



Alicia Pierini, Defensora del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, presentó ayer un proyecto de ley ante la Legislatura porteña en el que propone la creación de una tarifa social o franquicia de pago para los usuarios de los subterráneos, como herramienta de inclusión social. Entre sus fundamentos, el proyecto de ley manifiesta que ante el inminente aumento de la tarifa al usuario, es necesario crear una tarifa diferencial a fin de garantizar los derechos constitucionales de acceso a los servicios públicos de transporte.
La presentación contempla como beneficiarios de la tarifa social a los grupos sociales compuestos por maestros de establecimientos públicos de la Ciudad, y trabajadores que acrediten cobrar el salario mínimo vital y móvil, quienes percibirán la reducción del 60 por ciento del total de la tarifa, que a partir del 15 de marzo subirá a 3,50 pesos.
En tanto, según el texto, estudiantes secundarios y de nivel terciario no universitario que concurran a establecimientos estatales o privados subsidiados por el Estado sólo pagarán el 20 por ciento del boleto.
Además viajarían gratis los estudiantes primarios durante el período lectivo, personas discapacitadas, quienes reciban la Asignación Universal por Hijo, los beneficiarios del Programa Ciudadanía Porteña, Ticket Social u otro programa análogo del beneficio social o provincial y jubilados y pensionados con haberes mínimos.

Tarjeta SUBE

Esta iniciativa, impulsada por Pierini plantea que la empresa concesionaria Metrovías implemente las modificaciones necesarias en el sistema informático que permitan la utilización de la tarjeta SUBE, como así también disponer el uso corriente de tarjetas que cubran diez viajes al precio de cuatro u dos, y/o pases gratuitos, según corresponda.

Entre sus fundamentos, el proyecto de ley manifiesta que ante el inminente aumento de la tarifa al usuario, a fin de garantizar los derechos constitucionales de acceso a los servicios públicos de transporte, "resulta imprescindible generar los mecanismos necesarios para el uso general y sin restricciones del servicio, específicamente respecto de la población más vulnerable de la región metropolitana".

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