Si tenemos que echar a los concesionarios privados, lo vamos a hacer”, dijo el ministro Florencio Randazzo.
La política ferroviaria pasó a ocupar un lugar preeminente en la agenda del Gobierno después de la tragedia de Once. La recuperación de un sistema de trenes metropolitanos relegado durante varias décadas comenzó con el desplazamiento de los concesionarios privados, cambios políticos e importantes inversiones en infraestructura y material rodante desde el Estado, pero a esos cambios incipientes se debe sumar una modificación en las estructuras de poder empresarial y sindical.
“Vamos a mejorar el servicio y la seguridad de los trenes. Tenemos que resolver déficit importantes en infraestructura y material rodante pero también necesitamos el compromiso de las dirigencias sindicales, los trabajadores y las empresas privadas”, reclamó el ministro de Interior y Transporte, Florencio Randazzo. Durante una extensa entrevista con Página/12, el funcionario advirtió, sin embargo, que “no nos vamos a dejar extorsionar y condicionar por ningún sindicalista, pero tampoco por ningún empresario. Si tenemos que echar a las empresas concesionarias privadas, lo vamos a hacer”, afirmó Randazzo.
–¿Considera que mejoró la calidad y seguridad del sistema ferroviario?
–Las redes ferroviarias estuvieron abandonadas durante muchas décadas. Atravesamos un año intenso con importantes transformaciones en el sector. Tenemos que resolver déficit importante en infraestructura y material rodante pero también en el compromiso de las dirigencias sindicales, los trabajadores y las empresas privadas.
–¿Qué avances se observan en la infraestructura ferroviaria?
–Se cambiaron las vías del Sarmiento en el tramo Moreno-Once y se están realizando trabajos en las vías del Mitre en el ramal Retiro-José León Suárez. Creemos que es muy importante empezar un plan integral de mejoras de infraestructura en el área metropolitana, donde se encuentran las deficiencias más importantes. Recientemente abrimos los sobres para el cambio de vías a Rosario, donde hubo 31 empresas que se presentaron. Eso fue muy importante porque el sector estuvo cartelizado por muchos años por un grupo muy pequeño de empresas que imposibilitaron tener buenos precios y un ritmo de obras acorde a las necesidades de la red ferroviaria del país. En los próximos días iniciaremos la instalación de un sistema de frenado automático de los trenes para el Sarmiento.
–¿Cuándo estará funcionando ese sistema?
–El sistema de activación de los frenos de emergencia en las cabeceras y puntos críticos del Sarmiento y el Mitre estará funcionando en siete meses. Probablemente las obras queden a cargo de una empresa china. La segunda etapa del proyecto es incorporar el sistema de frenado en los coches nuevos. La renovación integral del señalamiento seguirá siendo necesaria. Ahí estamos analizando la licitación, en la que se presentaron dos ofertas: la firma Alstom, asociada con el grupo Emepa, y Thales junto con Roggio. A nuestro entender, tuvieron un precio excesivo. Por eso se está analizando contratar a la misma firma china que ofrece menos plazos y costos menores para realizar esa obra. El sistema de frenado automático se incorporará también al resto de las líneas.
–¿Ese sistema habría evitado el accidente de Castelar?
–Con el sistema de detención automática el tren se hubiera parado. Es importante avanzar en la colocación de ese sistema para que, cuando una formación viola una señal o excede los límites de velocidad permitida, se activen los frenos de emergencia automáticamente. Si, como afirman algunos, los frenos no funcionaron, entonces la formación no se hubiera detenido.
–Después del accidente en Castelar usted afirmó que no es posible realizar en un año lo que no se hizo en 50. Sin embargo, la última década de política ferroviaria estuvo a cargo de este gobierno.
–Una de las materias pendientes que tiene el Estado es el transporte público. Yo puedo contar lo que hicimos en un año de gestión a cargo del Ministerio de Interior y Transporte.
–¿No es insuficiente llamarla “materia pendiente”?
–Es uno de los principales desafíos que tenemos. Este gobierno es el que va a lograr transformar el transporte público en Argentina. En los próximos tres años se van a ver cambios muy importantes. Cuando ingrese el nuevo material rodante se resuelve el problema de las frecuencias. Vamos avanzando pero lleva tiempo.
–Sin la magnitud de tragedias como Once, o accidentes como el de la estación Flores, continúan registrándose accidentes e inconvenientes técnicos todos los días que suman al malestar de los usuarios.
–Inconvenientes ocurren todos los días. Ese tipo de episodios suceden en todo el mundo, nuestro compromiso es que ocurra la menor cantidad posible de accidentes. Nosotros estamos trabajando en la mejora integral de la seguridad del sistema con el señalamiento, las obras de infraestructura, los coches nuevos y la incorporación de cámaras. Algunas de esas decisiones generaron controversia, fundamentalmente las cámaras en la cabina del motorman. Eso es fundamental porque permite que sepamos si cumple o no con las responsabilidades que tiene. Un proceso de cambio como el que pretendemos llevar adelante genera resistencias.
–¿Usted cree que con una cámara en la cabina del conductor se evita un descarrilamiento o un choque?
–Sí, se puede prevenir porque el conductor sabe que está controlado. No solamente nos permitiría conocer qué sucedió en Castelar, sino que la presencia de las cámaras exige más compromiso. En el caso de Castelar se podría saber si el motorman accionó o no los cuatro mecanismos de frenado de emergencia. Incluso, si hubiera actuado como debe y el accidente ocurrió igual, el motorman estaría totalmente salvaguardado con el video. Decir que no hay que poner las cámaras porque es necesario invertir en seguridad es una chicana sin fundamentos. Las cámaras son una inversión rápida y económica que permite controlar a quien tiene la responsabilidad de conducir una formación. El compromiso de los trabajadores es parte del deterioro general del sistema que hay que revertir. La organización ferroviaria sufrió una destrucción muy importante en la década de los noventa y requiere de gran compromiso y capacitación de los trabajadores para recomponerla.
–¿Lo ocurrido en Castelar es consecuencia de lo que señaló como “materia pendiente”?
–El siniestro de Castelar se enmarca dentro de todo este proceso de mejoras: las vías son nuevas, el material rodante estaba totalmente reparado con frenos nuevos alemanes, los coches a pesar de tener una antigüedad de 60 años tenía el “sistema de hombre vivo”, donde cada 6 segundos el motorman debe responder y tiene registradora de eventos. Todo eso le va a permitir a la Justicia determinar qué sucedió. Nosotros no criminalizamos a los trabajadores, pero consideramos que tienen una gran responsabilidad cuando conducen un tren. Para determinar responsabilidades está la Justicia, porque se trata de un hecho muy serio donde perdieron la vida tres personas.
–Los déficit en materia de infraestructura, material rodante y compromiso de los actores sociales que describe se estructuraron sobre un Estado ausente.
–Totalmente. El poder y capacidad del Estado fue sometido a un proceso de desguace. Esa situación condujo a que en un servicio público tan importante como los ferrocarriles perdiéramos la batalla cultural. Al Estado se lo defiende cuando se lo administra bien. Acá hay una responsabilidad política que antes que nada es nuestra, pero también deben actuar con compromiso los sindicatos. Hoy estamos en un proceso de recuperación, por eso es importante no cometer los mismos errores que permitieron el proceso de desguace y privatizaciones de los noventa. Desde quienes tenemos mayor responsabilidad en la conducción de áreas del Estado, pero también de los sindicatos que deben defenderlo como propio.
–¿Y los sindicatos no asumen esa responsabilidad?
–La sensación que nos genera es que es (un problema) ajeno a ellos. Frente a cualquier inconveniente menor se realiza una medida de fuerza. Y el ferrocarril no es de los sindicatos sino de los usuarios. Cuando hacen un paro perjudican a miles de trabajadores que cobran un tercio del salario de un ferroviario. Los dirigentes sindicales también tienen responsabilidades.
–Desde 2003 el Gobierno planteó una fuerte asociación con los sindicatos en materia ferroviaria, en la estructura del Estado y empresas. Después del paro de La Fraternidad, dos semanas atrás, se decidió el desplazamiento de todos esos funcionarios.
–La alianza con los sindicatos del sector existe para mejorar los servicios. Somos aliados, pero si no contribuyen a mejorar el servicio yo soy un adversario. Todo aquello que impida el proceso de transformación del sistema ferroviario es un adversario nuestro. Queremos que colaboren tanto los sindicatos como las empresas.
–¿Los cambios en las conducciones de las empresas estatales Adif y Sofse, creadas por la frustrada Ley de Reordenamiento Ferroviario, apuntan hacia la renacionalización de todo el sistema?
–Apuntan a que el Estado fortalezca aquellos ámbitos que le permitan el día de mañana administrar el servicio en su plenitud. Como sostenemos desde el año pasado, nosotros no descartamos la renacionalización del servicio. La Ley de Reordenamiento Ferroviario está basada en la experiencia española. Por eso, en los próximos días realizaremos la firma de un convenio de cooperación con el Ministerio de Fomento de ese país para acceder a su experiencia ferroviaria.
–Pero ya antes del accidente de Castelar existía cierto malestar con las empresas Ferrovías y Metrovías, con los grupos Emepa y Roggio, a cargo de la gestión de todos los ramales...
–Todavía necesitamos que las empresas a cargo de la operación estén más comprometidas en la recuperación de los ferrocarriles. Hubo cambios pero muy leves. Los operadores todavía tienen que mejorar mucho. No nos vamos a dejar extorsionar y condicionar por ningún sindicalista pero tampoco por ningún empresario. Si tenemos que echar a las empresas concesionarias privadas lo vamos a hacer. Si no mejora el servicio y su compromiso estamos dispuestos a sacar a los operadores privados. Si la Justicia determina que la responsabilidad de un accidente, como el de Castelar, la tienen las empresas, se van las empresas privadas. Cada uno tiene que cumplir con lo que le corresponde. Si no cumplen, no vamos a dudar en rescindir sus contratos y concesiones.Página12
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